El Servicio de Investigación e Inteligencia de la Autoridad de Seguridad de Alimentos y Productos de Consumo de los Países Bajos (NVWA-IOD) está investigando el fraude de documentos relacionado con el pollo exportado.
Las autoridades visitaron dos instalaciones comerciales y dos viviendas a finales de enero. Siete personas fueron detenidas y una quedó en libertad tras ser interrogada la semana pasada.
También se registraron en Bélgica y España a tres empresas que pueden estar trabajando con la supuesta empresa holandesa.
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Los investigadores creen que una empresa con sede en el este de los Países Bajos incluye carne de pollo congelada como otros productos, como pescado, en documentos y luego exporta a países principalmente en África.
Están revisando los certificados veterinarios oficiales y la información de envío, así como otros registros comerciales. Los medios holandeses nombraron a la empresa encuestada como Wegdam Food Link en la ciudad de Haaksbergen.
Se cree que el propósito de la sospecha de fraude es reducir las tarifas de importación para el destinatario hasta en un 70%.
Los funcionarios de NVWA-IOD dijeron que este tipo de fraude también representa un riesgo para la seguridad alimentaria. Cuando algo anda mal con un alimento, debería ser posible averiguar de dónde vino el producto ya quién se entregó. Dicho seguimiento no es posible si los documentos oficiales no son precisos.
Decomisos de jamón español
En otro incidente, la Guardia Civil española se incautó de unas 2.000 piezas de carne en una operación contra el fraude alimentario en la provincia de Cáceres.
La acción se saldó con la detención de cuatro personas y otras cinco fueron investigadas. Los productos decomisados ??incluyen jamón, salchichas y carne de cerdo congelada. Además de casi 2.000 piezas de carne, las autoridades bloquearon 760 kilogramos de salchichas y 4.500 kilogramos de carne congelada.
La operación Sekai se inició en noviembre de 2020 tras detectarse actividad en una fábrica cárnica clausurada en un inmueble industrial de la localidad de Malpartida de Plasencia.
Las autoridades descubrieron que las operaciones, incluido el almacenamiento, la distribución y la comercialización de productos alimenticios de origen animal, se estaban realizando sin el control de las autoridades locales, ya que el sitio no estaba registrado.
Una inspección detectó productos cárnicos con fecha de consumo modificada o desactualizada, número inexistente de productores o empacadores y problemas con el registro, etiquetado y trazabilidad.
Los productos se enviaban a establecimientos comerciales de las provincias de Cáceres, Badajoz, Salamanca y Toledo. La compañía también tenía vínculos con empresas radicadas en Salamanca, Toledo, Badajoz, Vizcaya y Madrid.
